Uno de los retos que tenemos como país tiene que ver sin duda con la fortaleza de la hacienda pública de las entidades federativas, entendiendo a esta como la capacidad que tienen los gobiernos locales de incidir a través de inversión en el crecimiento y desarrollo de sus regiones. Un gobierno que no tiene una hacienda sana sustentada en una política de gasto, difícilmente puede incidir en el desarrollo de su región y ese desafortunadamente es el caso de la gran mayoría de las entidades en el país. Nueve de cada diez pesos que obtienen en promedio los estados, provienen de la federación con muy pocos contrapesos en cuanto a transparencia y rendición de cuentas. Los estados son meros gestores del dinero recaudado por el gobierno federal evitando así la costosa responsabilidad de cobrar impuestos a sus gobernados y la de informar con claridad su aplicación. Esto nos ha llevado a que durante años se hayan generado burocracias obesas y dispendios en detrimento de la inversión en desarrollo. Fue en ese sentido que el presidente Enrique Peña Nieto señaló la necesidad de que las haciendas públicas de los estados y municipios tenían que pasar por un proceso de revisión en cuanto endeudamiento y transparencia. El decreto de austeridad del gobernador Mario López Valdez se inscribe en ese llamado del ejecutivo federal y por tal merece el reconocimiento. Sin embargo, resulta difícil aceptar que las acciones de ahorro esbozadas en el disposición del ejecutivo estatal sean las únicas a las que se puede llegar, tratándose sobre todo de un estado con tantas carencias y retos. Del 2005 a la fecha el gasto corriente de la estructura estatal se ha incrementado en 4 mil millones de pesos, que se explican por la creación de organismos descentralizados que nadie sabe que hacen y que resultados obtienen, por la común duplicidad de funciones que podemos observar en cada dependencia, por un crecimiento abusivo de la burocracia y por un dispendio público establecido como una cultura que se ha venido formando a lo largo de muchas administraciones. Es por lo anterior que más allá de las economías que se exponen en el decreto de austeridad, resulta necesario hacer una evaluación de cada una de las áreas de la administración estatal y de los ayuntamientos, eliminar aquellas que no son pertinentes, establecer una política de contratación a partir de necesidades y perfiles, pero sobre todo establecer una política gasto que privilegie la inversión en infraestructura urbana, en investigación científica, en salud, en proyectos de desarrollo de valor agregado, en ciudades más eficientes y competitivas, en mejores sistemas de seguridad pública. El decreto emitido habla de ahorros que serán reasignados en programas “prioritarios” sin definir con claridad a que se refiere con ello. La disposición no estima ni cuanto se ahorrará, ni en que se invertirá, una imprecisión que en nada suma. Los retos del estado son muchos y también sus potencialidades, pero para aprovecharlas debemos entender y asumir que se requiere de liberar recursos para la inversión en desarrollo y esfuerzos de mayor calado, exijamos pues que este decreto de austeridad sea solo un antecedente para el establecimiento de una verdadera política de gasto y rendición de cuentas.

Sergio Mario Arredondo
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