Diversos
acontecimientos han puesto a prueba la fortaleza de la sociedad en México. Ante
los daños ocasionados por los terremotos de septiembre, fue manifiesta la
participación de la ciudadanía al brindar ayuda a las personas afectadas por
los sismos.
La
tragedia, el dolor y la consternación de las familias hizo cimbrar las
conciencias de nuestro país, que encontró alivio, rápidamente, con el apoyo
humanitario de otras naciones. Desde entonces, una sola voz, un solo propósito,
prevalece: la reconstrucción de México.
Son
nuevos tiempos para un México diferente. Ha quedado en claro que la
reconstrucción de México, no debe ser trazada solamente para las familias
afectadas por los movimientos telúricos, sino para todo el país.
México
precisa reconstruir la política y su economía. Las circunstancias nacionales e
internacionales –con TLC o sin TLC-, inciden por políticas públicas que impulse
el mercado interno, diversifique el comercio de las exportaciones, reduzca las
brechas socioeconómicas, mejores salarios y la sostenibilidad financiera de
estados y municipios.
Sin
duda, nuestras autoridades diseñan, con un sentido de responsabilidad, las
directrices en ésta perspectiva.
La
Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios, es una de los grandes
aciertos del Congreso de la Unión, toda vez que crea orden y equilibrio
financiero en las cuentas públicas, y al momento de que los municipios y
estados obtengan la sostenibilidad financiera, naturalmente, reactivarían las
inversiones de obras sociales.
La
eficiencia en la conducción de las finanzas de los municipios, viene a consagrar
el postulado por el que fueron creados: atender las demandas básicas de la
ciudadanía. Además, cuando los municipios y estados promuevan la inversión
pública, a la vez, impulsarían el crecimiento económico del país.
La
premisa de la economía, dice: los municipios y estados son la base del
crecimiento de una nación. En este sentido, la reconstrucción de México,
empieza por el municipio, como si se fuera a edificar una Catedral, ladrillo por
ladrillo.
La
restauración de las heridas ocasionadas por los terremotos de septiembre, requiere
de acciones sensibles e inmediatas ante el dolor de las familias de México. Los
ajustes a la Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Federación para
asignar recursos por 37 mil millones de pesos a la Reconstrucción de México,
implica, también, disminuir las participaciones federales a los estados y municipios.
El
gobernador Quirino Ordaz Coppel, desde los primeros meses de 2017, envió al
Congreso del Estado una iniciativa para disminuir el número de diputados y
regidores de los 18 municipios, la cual impactará favorablemente en las cuentas
públicas estatales y municipales.
Las
autoridades de Sinaloa y legisladores tienen el reto de rediseñar las finanzas
públicas, en congruencia con la captación de ingresos y el control estricto del
gasto para lograr la sustentabilidad financiera.
A
partir de 2018, los 18 municipios de Sinaloa tienen la encomienda de
direccionar las finanzas conforme a los criterios establecidos en la Ley de
Disciplina Financiera, y rendir cuentas al Congreso de la Unión y a la
Secretaría de Hacienda.
Lo
anterior debe ser entendido como parte de esa reconstrucción necesaria del Estado Mexicano. El reto estará en que todos se sumen a ese esfuerzo y queden de lado intereses personales e
inercias.
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